CHIHUAHUA, Chih. — En un hecho de alta relevancia para la vida política y judicial del estado, un juez de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial Morelos emitió una orden de captura en contra de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, bajo la causa penal 3055/2026 y el oficio número 53095/2026.
La resolución judicial, girada a petición de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado, señala a los imputados por su probable responsabilidad en diversos delitos que atentan contra el buen funcionamiento del servicio público.
Claves de la investigación y los cargos
De acuerdo con el documento oficial firmado por el juez de primera instancia, las acusaciones se estructuran de la siguiente manera:
- César Gustavo Jáuregui Moreno: Enfrenta imputaciones como coautor en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público (previsto en el artículo 253, fracción II del Código Penal del Estado) y coalición (artículo 260). Asimismo, se le señala de manera individual como autor material por el delito de ejercicio ilegal del servicio público en su modalidad de la fracción IV del citado código punitivo.
- Guillermo Arturo Zuany Portillo: Es requerido por la justicia señalado como coautor en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Adicionalmente, se le instruye orden de aprehensión por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada (artículo 308), en calidad de autor material.
Mandamiento judicial y debido proceso
El resolutivo girado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado establece que la medida restrictiva de la libertad se fundamenta en los antecedentes de investigación presentados por la representación social. El mandato ordena que, de manera inmediata tras su captura, los imputados sean puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para dar inicio a la audiencia inicial donde se formularán los cargos formalmente.
Este giro en el ámbito político-judicial estatal acapara la atención de la opinión pública, marcando un episodio clave en la procuración de justicia y la rendición de cuentas en Chihuahua.
