Una niña de 10, 11, 12 o 13 años no debería estar resolviendo cómo ser madre. Debería estar en la escuela, jugando, aprendiendo y creciendo en un entorno seguro. Por eso, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta exigió al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, explicar por qué Chihuahua no suscribió el Manifiesto Nacional “Niñas Sí, Madres No”, una estrategia que coloca en el centro la obligación del Estado de prevenir y atender la violencia sexual contra niñas.
La legisladora de morena advirtió que detrás de cada embarazo infantil existe una historia que las instituciones tienen la obligación de investigar. No se trata de “niñas madres”. Se trata de niñas víctimas de violencia sexual cuyos derechos fueron vulnerados. Nombrar correctamente el problema importa porque de ello depende también la respuesta del Estado.
Las cifras muestran la dimensión de una emergencia que no admite indiferencia. Durante 2025, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en México: 22 cada día. En Chihuahua se registraron 226 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años, además de 2 mil 924 nacimientos de adolescentes de 15 a 17 años, de acuerdo con el INEGI.
Para Guzmán Argueta, estos números no pueden reducirse a estadísticas demográficas. Cada cifra representa una infancia interrumpida, una niña que dejó de vivir una etapa de su vida para enfrentar las consecuencias de una violencia que el Estado tenía la responsabilidad de prevenir.
Ante ello, la diputada cuestionó directamente a la Secretaría General de Gobierno: ¿por qué Chihuahua no aparece entre las entidades que suscribieron el manifiesto nacional? ¿Hubo una razón jurídica, administrativa o política? ¿El estado asumirá la Ruta NAME en los 67 municipios? ¿Cuántas niñas menores de 15 años embarazadas fueron identificadas en 2025 y lo que va de 2026 y cuántas recibieron protección integral?
También exigió conocer qué instrucciones concretas han recibido SIPINNA, Salud, Educación, Fiscalía y DIF para detectar estos casos y garantizar que ningún embarazo infantil sea tratado como un asunto de “maternidad” sin investigar si detrás existió violencia sexual.
“El Estado no puede mirar un embarazo infantil y limitarse a registrar un nacimiento. Tiene que preguntar qué ocurrió, quién violentó a esa niña y dónde fallaron las instituciones que debían protegerla”, señaló.
Guzmán Argueta recordó que la protección de niñas, niños y adolescentes no puede quedarse en discursos ni en declaraciones de prioridad. Se mide en protocolos que funcionan, instituciones que coordinan, agresores investigados y niñas efectivamente protegidas.
La diputada también preguntó si durante la reunión que autoridades estatales sostuvieron en agosto con la titular nacional de SIPINNA, Lorena Villavicencio, se abordó la estrategia “Niñas Sí, Madres No”, y si Chihuahua comparte plenamente sus objetivos.
La exigencia es concreta: Chihuahua debe explicar su posición, presentar evidencia y decir qué está haciendo para proteger a sus niñas. Porque cuando una niña es víctima de violencia sexual, el tiempo importa; cada omisión institucional puede significar otra infancia perdida.
La diputada solicitó que las respuestas sean fundamentadas y acompañadas de las pruebas correspondientes, conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
